1/12/2019 - Por Fedra Abagianos//@TrinityFlux
La estigmatización y la discriminación excluye del sistema al colectivo transgénero y lo condena a una esperanza de vida de un promedio de 35 años. A pesar de que en 2012 se sancionó y se promulgó la Ley de Identidad de Género 26.743, con la que unas 8500 personas rectificaron su DNI, la gran mayoría de la población vive bajo la línea de pobreza, el 90% está fuera del trabajo formal, sólo una parte accede al sistema de salud y a la educación, y en lo que va de 2019 se cometieron más de 60 crímenes contra las personas trans. . 
La expectativa de vida es la media de edad que vive una población, en el caso de los varones y las mujeres de Argentina es de 75  con una diferencia de cinco años entre ambos géneros, mientras que la del colectivo trans es de treinta años menos, algo que también sucede en Latinoamérica y el Caribe.  "Esto tiene que ver con las barreras que tenemos en el acceso a diferentes derechos, como lo es el trabajo, la salud o la  vivienda entre tantos otros", explicó en diálogo con Crónica Nadir Cardozo, promotora de salud y derechos humanos de la Fundación Huésped.
Si bien no hay estadísticas oficiales por parte del Estado, esta expectativa que no supera los 38 años de vida es un dato "histórico" y ha sido concluído por el trabajo de organizaciones civiles. La baja esperanza no es razón de una sola causa sino de varias y entrelazadas. Es el resultado dramático del camino de una población que no sólo es afectada con su temprana muerte sino en la baja calidad de su corta vida. "La falta de acceso a un trabajo formal y registrado nos pone en una situación de vulnerabilidad, de prostitución o trabajo sexual, y por lo tanto de mayor exposición al virus VIH que es una de las causas. El gran estigma que existe sobre la enfermedad, las barreras de acceso a la salud para la población trans y que la mayoría viva la bajo la línea de la pobreza, también contribuyen", aseguró Cardozo.
Para la promotora de la Fundación Huésped, en lo que tiene que ver con la salud, la "primera causa de muerte es el VIH, con una prevalencia del 34 %", pero también la auto-hormonización, la aplicación de siliconas líquidas en forma clandestina y la tuberculosis. "Todas son resultado de la exclusión de los servicios de salud, sufrida  durante años", alertó.
"Desde la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros (ATTTA),  venimos militando por una ley integral trans para que se haga efectivo el acceso a todos nuestros derechos. Desde políticas antidiscriminatorias, accesos a la educación, a la salud, a una vivienda digna y a un cupo laboral, entre otras", contó Cardozo. Desde 2005 que Adrián Helien, médico (MN 66698), es coordinador del grupo de atención a niños, adolescentes y adultos transgénero en el Hospital Durand. Si bien hay otras instituciones que hacen atención primaria, sólo hay dos de estos grupos especializados en el país y están "desbordados". El quirófano,  por ejemplo, está "ocupado por los próximos dos años".
Muchas veces los médicos tienen miedo de atender a las personas trans porque no saben o porque tienen los mismos prejuicios vigentes sociales,  por lo que todavía hay que hacer un trabajo para que esa ley tenga una baja real dentro del sistema de salud y se cumpla", aseguró Helien.
Según Helien no hay ninguna formación médica,  ni de grado que incluya la temática de transgénero en el sistema de salud, por lo que no se forma a profesionales especializados en la reflexión,.el acompañamiento y en los tratamientos específicos para adecuar el cuerpo a la identidad autopercibida, ya sean hormonales o quirúrgicos.
"Si yo me jubilo,  que es muy probable, el servicio se pierde siendo pionero y con más experiencia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Se hizo un trabajo muy importante, que no solo tiene que ver con hacer docencia y con ayudar a formar otros equipos. Más allá del reconocimiento y de la palmada en la espalda,  necesitamos una estructura que quede para el hospital y para la gente", advirtió el médico quien además agregó: "Si vos no tenés acceso al sistema de salud hay un gran riesgo de enfermar y morir". En la baja expectativa de vida, para Alba Rueda, presidenta de Mujeres Trans Argentina, aparece la figura que denomina como "travesticidio social"."Es la categoría política con la que describimos las modalidades de discriminación y violencia que están unidas por su repitencia, por la continuidad, porque abarca distintos ámbitos como el familiar, la educación, el  mercado laboral, la salud, y el acceso a la justicia, ámbitos donde suceden situaciones de discriminación hacia las personas trans. Donde hay un continuo de violencias que se traduce en la expulsión de estas instituciones, en el abandono, en una discriminación estructural, es decir que estructura nuestras vidas y termina en muertes tempranas", explicó Rueda.
Para Rueda, un ejemplo de que las personas trans no llegan a adultas se vio reflejado en el caso de Amancay Diana Sacayán, quien fue asesinada a los 40 años en  2015,  y fue por su caso que se incorporó  la figura del travesticidio como definición al crimen de odio contra el colectivo.
Hay crímenes que están vinculados a la muerte y a la deshumanización de nuestras vidas, de nuestras identidades, de las personas que somos,  y esos crímenes se asientan en esta violencia estructural que vivimos", explicó Rueda. 
Son estas condiciones de vida las que forman parte de la trama de sus recorridos en el ámbito de la justicia, y eso mismo es lo que para Rueda, "asienta los crímenes contra las travestis".  Para ella,  hay una creencia de que no necesitan ayuda "frente a un macho violento" y por lo tanto eso en la justicia "es un obstáculo", "La policía no te cree, te pide coimas, negocia la prostitución, está involucrada en gran parte de la violencia institucional que recibimos pero principalmente no nos cree. Es por esto que hay muchas compañeras que no logran formalizar una denuncia", aseguró. En lo que va de 2019 hubo 63 muertes de personas trans. "De estas muertes algunas fueron víctimas de relaciones donde matan a las travestis,  y  la mayoría fueron de la figura del travesticidio social. Murieron solas, en sus casas, en los hospitales y murieron a causa de ese abandono social y del Estado. Y todas muertes tempranas", dijo Rueda.  Para una población pequeña esta ausencia del Estado es enorme. "Hay una gran vacancia y el Estado es impune, no alcanza con la ley de identidad de género", concluyó. "La baja expectativa de vida es multicausal y una de esas causas es la exclusión en el lugar de socializaión primaria que es la familia", aseguró Cristina Montserrat Hendrickse, abogada trans. Una infancia trans, excluída de su familia, no contenida, sufre lamentablemente el abuso físico, económico y sexual. La única forma que aprenden para sobrevivir es el trabajo sexual, con los riesgos que esto conlleva,  las redes de tratas,  la depresión,  las infecciones de transmisión sexual, las adicciones para evadir la presión. Además de la discriminación que sufren de estar en la calle,  y los riesgos de las depresiones y los suicidios", describió Hendrickse.  Para Cristina, el discurso de odio no es neutro y es un desconocimiento del derecho humano a la identidad de género. "Considerarlo una ideología de género tiene una carga derogatoria, discriminatoria y violatoria a la ley que impone una obligación a todas las personas de reconocer el género autopercibido", advirtió. "Los derechos humanos son progresivos y no regresivos. Cuando se reconocen derechos no se puede volver a atrás. El problema no está en nosotros, el problema lo tiene el otro. Y generalmente la transfobia y la homofobia surge de personas que se están autoreprimiendo su identidad o su orientación sexual", aseguró Hendrickse.
Para la abogada trans, quienes se oponen tanto a la ley de Educación Sexual Integral (ESI) y como a la de identidad de género son los sectores "retrógrados" porque en el caso de los menores la identidad de género es una capacidad progresiva y no pone límite de edad para ejercer el derecho a la identidad . "Es para que entiendan y tengan el consentimiento de sus padres. Pero si sus padres se oponen tiene derecho de ir a la justicia para suplir el consentimiento de sus padres", explicó la abogada. Según expresó Hendrickse, el derecho que otorga la ley de identidad de género es del niño, niña o adolescente y no de los padres o madres. "¿Pero cómo hace ese niño para ejercer un derecho que no conoce,  si le meten en la cabeza que es una enfermedad o una ideología?", se preguntó. "La negativa a reconocer la identidad de género en niños produce graves enfermedades principalmente psíquicas como profundas depresiones que llevan al suicidio infantil", alertó la abogada. 
Cristina es fundadora de Iuris Argentina y es una de las pocas abogadas trans que hay en el país,  y es la primera vez que se preesenta en un concurso para ser jueza en Chasmalal, Neuquén. Ella ya era abogada cuando hizo el cambio de identidad de género y por consejo de su terapeuta se vino a Buenos Aires junto a su esposa y sus hijas y comenzó a ejercer en la capital. En este momento Hendrickse está llevando adelante un juicio colectivo contra el Consejo de la Magistratura para que se reglamente el cupo laboral trans en el Ministerio Público de la Defensa, en el  Ministerio Público Fiscal, en el Poder Judicial y en el propio Consejo de la Magsitratura. "Algo está pasando si el 10% está desocupado siendo  cis género y el 90% siendo trans", explicó en referencia al trabajo formal del colectivo.
Paula Arraigada es militante LGBTIQ y estuvo décima en la nómina a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Es referente del movimiento trans Nadia Echazú, militante peronista y la primera mujer trans en formar parte del Parlamento de las Mujeres de la Legislatura Porteña. Para Arraigada, quien es fundadora de "La Nelly Omar" en Parque Chacabuco, llama la atención de que el Estado no haya tomado parte y que la sociedad esté silenciada ante la baja expectativa de vida del colectivo. "No es que la sociedad esté en silencio porque quiere sino porque no se difunde de por qué las chicas se mueren, de cómo se mueren y de cómo viven. Porque para explicar cómo mueren, habría que explicar cómo viven", dijo.
"El Estado no ha decidido invertir en esta población, con el censo del año que viene será la primera vez que va a haber datos duros", dijo Arraigada y agregó: "La baja expectativa de vida se debe a la falta de políticas públicas y no trata solamente de leyes que vayan direccionadas sino también de campañas, de visibilización y de leyes como la ESI que hablen de las libertades dentro de la escuela". Para Arraigada hay que "profundizar los cambios positivos" en la política pública y entender que es "una decisión de Estado" que el colectivo de casi medio millón de personas "tenga otro estándar de vida, una vida digna y una muerte en paz". La ley repara cierta parte, para las más grandes su lápida va a decir el mismo nombre que dice su documento. Hay que seguir los pasos restantes, hay que  garantizar que las compañeras que viven tengan una vejez en paz, la posibilidad de tener un trabajo de calidad y  el derecho a elegir el trabajo que quieren ejercer", aseguró y agregó la frase que una vez le dijo una amiga: "Si algunos derechos son para unos pocos y no son para todos, no son derechos sino privilegios".
"La víctima nunca es responsable. Hay una ausencia total del Estado y de la sociedad que no contuvieron para que esas personas tuvieran otra expectativa de vida. Cuando estaba por cumplir 30 años pensaba que a los 33 me iba a morir. Por suerte no pasó,  pero con esas cosas convivimos todos los días porque es una bomba de tiempo", concluyó emocionada.
prejuicios vigentes sociales,  por lo que todavía hay que hacer un trabajo para que esa ley tenga una baja real dentro del sistema de salud y se cumpla", aseguró Helien.
Según Helien no hay ninguna formación médica,  ni de grado que incluya la temática de transgénero en el sistema de salud, por lo que no se forma a profesionales especializados en la reflexión,.el acompañamiento y en los tratamientos específicos para adecuar el cuerpo a la identidad autopercibida, ya sean hormonales o quirúrgicos.
"Si yo me jubilo,  que es muy probable, el servicio se pierde siendo pionero y con más experiencia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Se hizo un trabajo muy importante, que no solo tiene que ver con hacer docencia y con ayudar a formar otros equipos. Más allá del reconocimiento y de la palmada en la espalda,  necesitamos una estructura que quede para el hospital y para la gente", advirtió el médico quien además agregó: "Si vos no tenés acceso al sistema de salud hay un gran riesgo de enfermar y morir". En la baja expectativa de vida, para Alba Rueda, presidenta de Mujeres Trans Argentina, aparece la figura que denomina como "travesticidio social"."Es la categoría política con la que describimos las modalidades de discriminación y violencia que están unidas por su repitencia, por la continuidad, porque abarca distintos ámbitos como el familiar, la educación, el  mercado laboral, la salud, y el acceso a la justicia, ámbitos donde suceden situaciones de discriminación hacia las personas trans. Donde hay un continuo de violencias que se traduce en la expulsión de estas instituciones, en el abandono, en una discriminación estructural, es decir que estructura nuestras vidas y termina en muertes tempranas", explicó Rueda.
Para Rueda, un ejemplo de que las personas trans no llegan a adultas se vio reflejado en el caso de Amancay Diana Sacayán, quien fue asesinada a los 40 años en  2015,  y fue por su caso que se incorporó  la figura del travesticidio como definición al crimen de odio contra el colectivo.
Hay crímenes que están vinculados a la muerte y a la deshumanización de nuestras vidas, de nuestras identidades, de las personas que somos,  y esos crímenes se asientan en esta violencia estructural que vivimos", explicó Rueda. 
Son estas condiciones de vida las que forman parte de la trama de sus recorridos en el ámbito de la justicia, y eso mismo es lo que para Rueda, "asienta los crímenes contra las travestis".  Para ella,  hay una creencia de que no necesitan ayuda "frente a un macho violento" y por lo tanto eso en la justicia "es un obstáculo", "La policía no te cree, te pide coimas, negocia la prostitución, está involucrada en gran parte de la violencia institucional que recibimos pero principalmente no nos cree. Es por esto que hay muchas compañeras que no logran formalizar una denuncia", aseguró. En lo que va de 2019 hubo 63 muertes de personas trans. "De estas muertes algunas fueron víctimas de relaciones donde matan a las travestis,  y  la mayoría fueron de la figura del travesticidio social. Murieron solas, en sus casas, en los hospitales y murieron a causa de ese abandono social y del Estado. Y todas muertes tempranas", dijo Rueda.  Para una población pequeña esta ausencia del Estado es enorme. "Hay una gran vacancia y el Estado es impune, no alcanza con la ley de identidad de género", concluyó. "La baja expectativa de vida es multicausal y una de esas causas es la exclusión en el lugar de socializaión primaria que es la familia", aseguró Cristina Montserrat Hendrickse, abogada trans. Una infancia trans, excluída de su familia, no contenida, sufre lamentablemente el abuso físico, económico y sexual. La única forma que aprenden para sobrevivir es el trabajo sexual, con los riesgos que esto conlleva,  las redes de tratas,  la depresión,  las infecciones de transmisión sexual, las adicciones para evadir la presión. Además de la discriminación que sufren de estar en la calle,  y los riesgos de las depresiones y los suicidios", describió Hendrickse.  Para Cristina, el discurso de odio no es neutro y es un desconocimiento del derecho humano a la identidad de género. "Considerarlo una ideología de género tiene una carga derogatoria, discriminatoria y violatoria a la ley que impone una obligación a todas las personas de reconocer el género autopercibido", advirtió. "Los derechos humanos son progresivos y no regresivos. Cuando se reconocen derechos no se puede volver a atrás. El problema no está en nosotros, el problema lo tiene el otro. Y generalmente la transfobia y la homofobia surge de personas que se están autoreprimiendo su identidad o su orientación sexual", aseguró Hendrickse.
Para la abogada trans, quienes se oponen tanto a la ley de Educación Sexual Integral (ESI) y como a la de identidad de género son los sectores "retrógrados" porque en el caso de los menores la identidad de género es una capacidad progresiva y no pone límite de edad para ejercer el derecho a la identidad . "Es para que entiendan y tengan el consentimiento de sus padres. Pero si sus padres se oponen tiene derecho de ir a la justicia para suplir el consentimiento de sus padres", explicó la abogada. Según expresó Hendrickse, el derecho que otorga la ley de identidad de género es del niño, niña o adolescente y no de los padres o madres. "¿Pero cómo hace ese niño para ejercer un derecho que no conoce,  si le meten en la cabeza que es una enfermedad o una ideología?", se preguntó. "La negativa a reconocer la identidad de género en niños produce graves enfermedades principalmente psíquicas como profundas depresiones que llevan al suicidio infantil", alertó la abogada. 
Cristina es fundadora de Iuris Argentina y es una de las pocas abogadas trans que hay en el país,  y es la primera vez que se preesenta en un concurso para ser jueza en Chasmalal, Neuquén. Ella ya era abogada cuando hizo el cambio de identidad de género y por consejo de su terapeuta se vino a Buenos Aires junto a su esposa y sus hijas y comenzó a ejercer en la capital. En este momento Hendrickse está llevando adelante un juicio colectivo contra el Consejo de la Magistratura para que se reglamente el cupo laboral trans en el Ministerio Público de la Defensa, en el  Ministerio Público Fiscal, en el Poder Judicial y en el propio Consejo de la Magsitratura. "Algo está pasando si el 10% está desocupado siendo  cis género y el 90% siendo trans", explicó en referencia al trabajo formal del colectivo.
Paula Arraigada es militante LGBTIQ y estuvo décima en la nómina a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Es referente del movimiento trans Nadia Echazú, militante peronista y la primera mujer trans en formar parte del Parlamento de las Mujeres de la Legislatura Porteña. Para Arraigada, quien es fundadora de "La Nelly Omar" en Parque Chacabuco, llama la atención de que el Estado no haya tomado parte y que la sociedad esté silenciada ante la baja expectativa de vida del colectivo. "No es que la sociedad esté en silencio porque quiere sino porque no se difunde de por qué las chicas se mueren, de cómo se mueren y de cómo viven. Porque para explicar cómo mueren, habría que explicar cómo viven", dijo.
"El Estado no ha decidido invertir en esta población, con el censo del año que viene será la primera vez que va a haber datos duros", dijo Arraigada y agregó: "La baja expectativa de vida se debe a la falta de políticas públicas y no trata solamente de leyes que vayan direccionadas sino también de campañas, de visibilización y de leyes como la ESI que hablen de las libertades dentro de la escuela". Para Arraigada hay que "profundizar los cambios positivos" en la política pública y entender que es "una decisión de Estado" que el colectivo de casi medio millón de personas "tenga otro estándar de vida, una vida digna y una muerte en paz". La ley repara cierta parte, para las más grandes su lápida va a decir el mismo nombre que dice su documento. Hay que seguir los pasos restantes, hay que  garantizar que las compañeras que viven tengan una vejez en paz, la posibilidad de tener un trabajo de calidad y  el derecho a elegir el trabajo que quieren ejercer", aseguró y agregó la frase que una vez le dijo una amiga: "Si algunos derechos son para unos pocos y no son para todos, no son derechos sino privilegios".
"La víctima nunca es responsable. Hay una ausencia total del Estado y de la sociedad que no contuvieron para que esas personas tuvieran otra expectativa de vida. Cuando estaba por cumplir 30 años pensaba que a los 33 me iba a morir. Por suerte no pasó,  pero con esas cosas convivimos todos los días porque es una bomba de tiempo", concluyó emocionada.
dijo Rueda.  Para una población pequeña esta ausencia del Estado es enorme. "Hay una gran vacancia y el Estado es impune, no alcanza con la ley de identidad de género", concluyó. "La baja expectativa de vida es multicausal y una de esas causas es la exclusión en el lugar de socializaión primaria que es la familia", aseguró Cristina Montserrat Hendrickse, abogada trans. Una infancia trans, excluída de su familia, no contenida, sufre lamentablemente el abuso físico, económico y sexual. La única forma que aprenden para sobrevivir es el trabajo sexual, con los riesgos que esto conlleva,  las redes de tratas,  la depresión,  las infecciones de transmisión sexual, las adicciones para evadir la presión. Además de la discriminación que sufren de estar en la calle,  y los riesgos de las depresiones y los suicidios", describió Hendrickse.  Para Cristina, el discurso de odio no es neutro y es un desconocimiento del derecho humano a la identidad de género. "Considerarlo una ideología de género tiene una carga derogatoria, discriminatoria y violatoria a la ley que impone una obligación a todas las personas de reconocer el género autopercibido", advirtió. "Los derechos humanos son progresivos y no regresivos. Cuando se reconocen derechos no se puede volver a atrás. El problema no está en nosotros, el problema lo tiene el otro. Y generalmente la transfobia y la homofobia surge de personas que se están autoreprimiendo su identidad o su orientación sexual", aseguró Hendrickse.
Para la abogada trans, quienes se oponen tanto a la ley de Educación Sexual Integral (ESI) y como a la de identidad de género son los sectores "retrógrados" porque en el caso de los menores la identidad de género es una capacidad progresiva y no pone límite de edad para ejercer el derecho a la identidad . "Es para que entiendan y tengan el consentimiento de sus padres. Pero si sus padres se oponen tiene derecho de ir a la justicia para suplir el consentimiento de sus padres", explicó la abogada. Según expresó Hendrickse, el derecho que otorga la ley de identidad de género es del niño, niña o adolescente y no de los padres o madres. "¿Pero cómo hace ese niño para ejercer un derecho que no conoce,  si le meten en la cabeza que es una enfermedad o una ideología?", se preguntó. "La negativa a reconocer la identidad de género en niños produce graves enfermedades principalmente psíquicas como profundas depresiones que llevan al suicidio infantil", alertó la abogada. 
Cristina es fundadora de Iuris Argentina y es una de las pocas abogadas trans que hay en el país,  y es la primera vez que se preesenta en un concurso para ser jueza en Chasmalal, Neuquén. Ella ya era abogada cuando hizo el cambio de identidad de género y por consejo de su terapeuta se vino a Buenos Aires junto a su esposa y sus hijas y comenzó a ejercer en la capital. En este momento Hendrickse está llevando adelante un juicio colectivo contra el Consejo de la Magistratura para que se reglamente el cupo laboral trans en el Ministerio Público de la Defensa, en el  Ministerio Público Fiscal, en el Poder Judicial y en el propio Consejo de la Magsitratura. "Algo está pasando si el 10% está desocupado siendo  cis género y el 90% siendo trans", explicó en referencia al trabajo formal del colectivo.
Paula Arraigada es militante LGBTIQ y estuvo décima en la nómina a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Es referente del movimiento trans Nadia Echazú, militante peronista y la primera mujer trans en formar parte del Parlamento de las Mujeres de la Legislatura Porteña. Para Arraigada, quien es fundadora de "La Nelly Omar" en Parque Chacabuco, llama la atención de que el Estado no haya tomado parte y que la sociedad esté silenciada ante la baja expectativa de vida del colectivo. "No es que la sociedad esté en silencio porque quiere sino porque no se difunde de por qué las chicas se mueren, de cómo se mueren y de cómo viven. Porque para explicar cómo mueren, habría que explicar cómo viven", dijo.
"El Estado no ha decidido invertir en esta población, con el censo del año que viene será la primera vez que va a haber datos duros", dijo Arraigada y agregó: "La baja expectativa de vida se debe a la falta de políticas públicas y no trata solamente de leyes que vayan direccionadas sino también de campañas, de visibilización y de leyes como la ESI que hablen de las libertades dentro de la escuela". Para Arraigada hay que "profundizar los cambios positivos" en la política pública y entender que es "una decisión de Estado" que el colectivo de casi medio millón de personas "tenga otro estándar de vida, una vida digna y una muerte en paz". La ley repara cierta parte, para las más grandes su lápida va a decir el mismo nombre que dice su documento. Hay que seguir los pasos restantes, hay que  garantizar que las compañeras que viven tengan una vejez en paz, la posibilidad de tener un trabajo de calidad y  el derecho a elegir el trabajo que quieren ejercer", aseguró y agregó la frase que una vez le dijo una amiga: "Si algunos derechos son para unos pocos y no son para todos, no son derechos sino privilegios".
"La víctima nunca es responsable. Hay una ausencia total del Estado y de la sociedad que no contuvieron para que esas personas tuvieran otra expectativa de vida. Cuando estaba por cumplir 30 años pensaba que a los 33 me iba a morir. Por suerte no pasó,  pero con esas cosas convivimos todos los días porque es una bomba de tiempo", concluyó emocionada.
Paula Arraigada es militante LGBTIQ y estuvo décima en la nómina a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos. Es referente del movimiento trans Nadia Echazú, militante peronista y la primera mujer trans en formar parte del Parlamento de las Mujeres de la Legislatura Porteña. Para Arraigada, quien es fundadora de "La Nelly Omar" en Parque Chacabuco, llama la atención de que el Estado no haya tomado parte y que la sociedad esté silenciada ante la baja expectativa de vida del colectivo. "No es que la sociedad esté en silencio porque quiere sino porque no se difunde de por qué las chicas se mueren, de cómo se mueren y de cómo viven. Porque para explicar cómo mueren, habría que explicar cómo viven", dijo.
"El Estado no ha decidido invertir en esta población, con el censo del año que viene será la primera vez que va a haber datos duros", dijo Arraigada y agregó: "La baja expectativa de vida se debe a la falta de políticas públicas y no trata solamente de leyes que vayan direccionadas sino también de campañas, de visibilización y de leyes como la ESI que hablen de las libertades dentro de la escuela". Para Arraigada hay que "profundizar los cambios positivos" en la política pública y entender que es "una decisión de Estado" que el colectivo de casi medio millón de personas "tenga otro estándar de vida, una vida digna y una muerte en paz". La ley repara cierta parte, para las más grandes su lápida va a decir el mismo nombre que dice su documento. Hay que seguir los pasos restantes, hay que  garantizar que las compañeras que viven tengan una vejez en paz, la posibilidad de tener un trabajo de calidad y  el derecho a elegir el trabajo que quieren ejercer", aseguró y agregó la frase que una vez le dijo una amiga: "Si algunos derechos son para unos pocos y no son para todos, no son derechos sino privilegios".
"La víctima nunca es responsable. Hay una ausencia total del Estado y de la sociedad que no contuvieron para que esas personas tuvieran otra expectativa de vida. Cuando estaba por cumplir 30 años pensaba que a los 33 me iba a morir. Por suerte no pasó,  pero con esas cosas convivimos todos los días porque es una bomba de tiempo", concluyó emocionada.